El Gobierno nacional confirmó ayer, miércoles 25 de marzo, que impulsará cambios en la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (n° 26.737), sancionada en el año 2011.
La norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% del total de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, protegiendo espacios con bienes naturales como el agua y otros recursos. La modificación de esa norma implica una modificación sustancial en el tejido social y económico de Misiones, con facilidades para profundizar el desembarco de grandes capitales con monocultivos, por ejemplo, como ya se impulsó durante el gobierno de Mauricio Macri con el programa de plantación de maíz transgénico en 400 mil hectáreas, con consecuencias en la familia agrícola, la biodiversidad, la disponibilidad de semillas criollas y nativas, entre otras cosas.
Puntualmente, el jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, planteó ayer que “los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Esa inversión es obra, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales. Algunas de esas inversiones requieren grandes extensiones de tierra para poder desarrollarse”, y calificó a la ley vigente como un “capricho ideológico”.
Un documento imprescindible para comprender esta temática es el elaborado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet, donde se detalla que alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. Son 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la extensión de Inglaterra. Pero, advierten, “la verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”.
Detallan que “existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley”. Y hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– “donde la extranjerización supera el 50%”. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. “A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%”.
Para los especialistas, la derogación de la ley de Tierras no busca atraer inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles: “La derogación de la Ley apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas”. Vinculado, observan que “en un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”.
Fuente; foto de Bichos de Campo.
