En el marco de las acciones judiciales impulsadas por la Asociación Orembae, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 5 de Posadas intimó formalmente al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones a brindar la información ambiental que le fuera requerida oportunamente.
El objeto de la demanda busca que el Ministerio, como autoridad competente, rinda cuentas detalladas sobre las gestiones concretas del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) ante el Gobierno de la Nación para hacer cumplir el mandato del plebiscito de abril de 1996, donde el pueblo misionero rechazó la construcción de cualquier proyecto de megarepresa en el cauce del río Paraná.
Incertidumbre y falta de estudios técnicos
Desde la Asociación Orembae advirtieron, mediante un comunicado, que el propio Ministerio de Ecología ya ratificó formalmente la inexistencia de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto del proyecto que actualmente impulsa la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP).
“Esta falta de previsión y evaluación técnica agrava el escenario de incertidumbre sobre el impacto real que estas obras tendrían sobre nuestro ecosistema y nuestras comunidades”, señalaron desde la organización.
El mandato popular como “No Regresividad Ambiental”
Para la ONG, la decisión popular expresada en el plebiscito de 1996 posee un carácter estrictamente vinculante y constituye una norma ambiental de ordenamiento territorial.
- Umbral de tutela jurídica: En virtud de este mandato, Misiones estableció un estándar de protección que, por el principio de no regresividad ambiental, no puede ser alterado.
- Violación de derechos: “Cualquier intento de fijar un estándar o nivel de protección menor al ya consagrado significaría una violación flagrante a la progresividad de los derechos ambientales de los misioneros”, afirmaron.
Alerta por el avance de la COMIP
La asociación observa con profunda preocupación el avance de la COMIP —organismo binacional integrado por el Estado nacional—. Denuncian que, con sus recientes intervenciones, el ente vulnera tanto la decisión histórica de la ciudadanía como las facultades constitucionales no delegadas por Misiones a la Nación, las cuales ratifican el dominio exclusivo de la provincia sobre sus bienes naturales y su competencia legislativa en ordenamiento territorial.
El asesor legal de Orembae, el abogado Martín Ferroni, recordó la plena vigencia de las obligaciones del Estado provincial:
“Por imperio de la Ley XI – N.º 5, Misiones ratifica su mandato popular: el Ejecutivo Provincial queda obligado por ley a liderar todas las gestiones necesarias ante la Nación para que se respete la decisión de los misioneros. El texto normativo no deja margen a la inacción; exige que la Provincia actúe como garante y gestora de la voluntad del pueblo frente a las autoridades nacionales”.
Un reclamo por la transparencia democrática
Finalmente, desde el área de Relaciones Institucionales de la Asociación Orembae reafirmaron que el acceso a la información ambiental es un derecho fundamental y una herramienta clave para la transparencia democrática. “El resguardo de nuestros ríos y de los procesos institucionales locales requiere el compromiso y la claridad de todos los organismos del Estado”, concluyeron.
