Se realizó en el Ministerio del Agro y la Producción la primera reunión para avanzar con el Proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera. La iniciativa busca establecer un precio mínimo sostén para el kilo de hoja verde y mitigar la crisis provocada por el DNU 70/23 del Gobierno Nacional, el cual despojó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de su facultad para regular el valor de la materia prima.
El proyecto fue presentado por productores yerbateros el jueves pasado al gobernador Hugo Passalacqua en Casa de Gobierno, en un encuentro del que también participaron tareferos. Horas antes, el sector había recibido el respaldo de monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas.
De la mesa de trabajo de hoy —desarrollada de manera híbrida (presencial y virtual)— participaron el ministro del Agro, Facundo Sartori; el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel; el director por la Producción en el INYM, Roberto Ferreyra; el dirigente del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), Salvador Torres; y el abogado del sector productivo, Federico Padolsky, quien expuso los fundamentos jurídicos y el alcance de la norma. En representación del Poder Legislativo estuvieron los diputados provinciales Arabela Soler, María del Carmen Méndez Asón, Juan Szychowski y Hugo Benítez.
Dado el complejo contexto que atraviesa la actividad, la iniciativa tomaría estado parlamentario el próximo 13 de agosto, en la primera sesión de la Cámara de Diputados, donde iniciará su debate e instancia de dictamen.
Ejes clave del proyecto
El texto surge como una respuesta institucional impulsada por los propios productores ante la desregulación del sector. Frente a la quita de facultades al INYM, la propuesta fundamenta que Misiones mantiene las competencias constitucionales para proteger el desarrollo regional, la producción, el trabajo rural y el interés público.
“La emergencia declarada por esta ley no crea nuevas competencias provinciales, sino que habilita a la provincia a ejercer responsablemente las atribuciones que conserva”, argumenta la fundamentación de la norma.
La normativa propuesta faculta al Ejecutivo provincial a fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde que cubra los costos de producción eficiente, las cargas laborales, previsionales y fiscales, garantizando además un margen de ganancia para los productores.
“No se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, detalla el escrito.
Para garantizar su cumplimiento, la ley incorpora herramientas de fiscalización, regularización de operaciones y sanciones administrativas. Todo lo recaudado por multas se destinará exclusivamente al fortalecimiento de los controles y la asistencia técnica del sector.
Foto; Marcos Otaño.
