En varias regiones de Nueva Zelanda, los pinos plantados para reforestación se propagan de forma incontrolada fuera de las plantaciones, convirtiéndose en una especie invasora que reduce el caudal de agua en las cuencas fluviales y altera los ecosistemas nativos, convirtiéndose en un problema ambiental y económico nacional. Esta situación obligó al Gobierno a crear, a través del Ministerio de Industrias Primarias (MPI), el Programa Nacional de Control de Coníferas Silvestres, dentro del ámbito de la bioseguridad y el control de plagas de plantas. Trata el tema como un problema de largo plazo, con directrices nacionales y división del territorio en unidades de gestión para planificar y ejecutar el control.
En Nueva Zelanda, el pino no es una especie nativa, pero su presencia es masiva debido a la industria forestal. La especie predominante es el pino radiata (o pino de Monterrey), que representa aproximadamente el 89% de las plantaciones forestales del país.
Materiales de investigación y comunicaciones científicas describen que, entre los efectos considerados negativos del avance de estas coníferas, está la reducción del rendimiento hídrico, junto con transformaciones del paisaje y presiones sobre los ecosistemas vegetales.
Estudios realizados en Nueva Zelanda sobre la hidrología de las cuencas fluviales registra reducciones significativas en el rendimiento hídrico anual en áreas anteriormente abiertas que fueron reemplazadas por bosques de pinos, con variaciones dependiendo de la ubicación y los patrones de precipitaciones.
En un comunicado público, el Comisionado Parlamentario de Medio Ambiente (PCE) citó que la expansión de estas coníferas en cuencas vinculadas a sistemas de generación hidroeléctrica puede reducir el rendimiento hídrico y afectar la disponibilidad en todo el sistema.
El sitio web Ministerio de Industrias Primarias (MPI) informa que, de julio de 2020 a junio de 2021, el trabajo del Programa Nacional de Control de Coníferas Silvestres y sus socios consumió cerca de 40 millones de dólares neozelandeses, con actividades de control realizadas en 817 mil hectáreas.
En un comunicado oficial publicado en el sitio web Beehive, Nueva Zelanda afirma que, desde 2016, el gobierno ha invertido más de 150 millones de dólares neozelandeses en el programa nacional de control, además de otras contribuciones de socios y comunidades.
