Entre los años 2020 y 2022, Misiones enfrentó una de las peores sequías de su historia. El fenómeno
causó severos daños en la biodiversidad —con incendios de gran magnitud en áreas protegidas— y
en el sector agroindustrial, dejando en evidencia el rol vital del Corredor Verde y la urgencia de
encarar la recuperación de la selva. Sin embargo, poco y nada se hizo.
Actualmente, el fenómeno El Niño se proyecta como uno de los más intensos registrados,
amenazando con eventos meteorológicos extremos y un elevado riesgo de erosión de suelos. A la
par, los centros urbanos continúan expandiéndose sobre zonas donde la generación y el
abastecimiento de este recurso vital resultan complejos. Como telón de fondo, una brillante ley,
diseñada para abordar esta delicada situación, fue sancionada pero nunca reglamentada y sigue
esperando ser aplicada.
¿Cuál es la situación real en la provincia? El ingeniero en Recursos Hídricos Enrique Gandolla, de
vasta trayectoria en la temática, nos aporta sus reflexiones.
¿Qué análisis hace sobre la intensidad proyectada para El Niño y qué medidas recomienda ante los riesgos para la población?
Enrique Gandolla: Los informes advierten que este fenómeno de El Niño será sumamente fuerte, tal
vez el más intenso desde que se cuenta con monitoreos precisos. Esto implica precipitaciones
abundantes y concentradas, un escenario que debemos analizar en el contexto del cambio climático
global. Este calentamiento agrava la situación, incrementando la intensidad, duración y frecuencia
de los eventos extremos.
Para enfrentar sus efectos dañinos, es fundamental adecuar nuestras ciudades: garantizar la
limpieza de los desagües para que el exceso de agua escurra rápidamente y se eviten inundaciones.
El fuerte El Niño que está en pleno desarrollo, expondrá con mucho rigor la vulnerabilidad de
muchas áreas urbanas inundables.
Asimismo, las lluvias intensas representan un elevado riesgo de erosión. Misiones posee un suelo
con una alta vulnerabilidad erosionable, y el fenómeno del Niño nos coloca en una situación crítica.
Da pena ver cómo se tiñen de los arroyos con los suelos -agrícolas y viales- arrastrados con cada
lluvia.
Más allá de la coyuntura de El Niño, ¿cuál es la disponibilidad real de agua en Misiones a largo plazo?
E. G.: Misiones cuenta con un volumen abundante de precipitación, cercano a los 2000 milímetros
anuales. Sin embargo, la conformación de su territorio resulta adversa para la conservación del
recurso:
Relieve y geología: Posee una geomorfología acentuada, con pendientes pronunciadas que provocan
un rápido escurrimiento hacia los arroyos. Además, la presencia de basaltos muy superficiales frena
el almacenamiento subterráneo.
Suelos: Son generalmente permeables y de escasa profundidad, lo que limita su capacidad de
retención.
Esta dificultad para almacenar agua en el subsuelo explica la existencia de nuestra extensa red
hidrográfica. Ante la incapacidad del terreno para retener el líquido, la naturaleza ha moldeado
múltiples vías de escurrimiento en la superficie. La densa red hidrográfica que caracteriza al
territorio misionero, debe ser vista como una vulnerabilidad, dado que es a través de ella que el
agua se escurre rápidamente hacia los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay.
Desde su perspectiva, ¿cuáles son las prioridades urgentes para garantizar la presencia del agua en la provincia?
E. G.: La clave está en conservar la mayor cantidad de agua dentro del territorio. Para lograrlo es
imprescindible:
-Mantener una cobertura vegetal adecuada y prohibir rotundamente los desmontes, en especial en
zonas de pendientes pronunciadas.
-Promover coberturas verdes para facilitar la infiltración, minimizar la erosión y reducir la
evaporación.
-Construir reservorios de agua, una estrategia que debería considerarse seriamente a nivel
provincial, principalmente para el abastecimiento a la población, pero también con otros fines.
A pesar de nuestra oferta hídrica global, durante los meses de verano la alta radiación solar genera
con frecuencia períodos de sequía y déficit hídrico. Por eso, cualquier acción orientada a retener el
agua en el suelo es positiva.
¿Cómo afecta la expansión urbana a la disponibilidad hídrica y cómo debe gestionarse el agua en las ciudades?
E. G.: En las áreas urbanas existe una alta concentración demográfica en constante crecimiento, lo
que dispara la demanda de agua en puntos muy específicos.
El problema es que muchas ciudades misioneras están pésimamente ubicadas desde el punto de
vista hidrológico: se asentaron sobre divisorias de aguas, que son precisamente las nacientes de las
cuencas. Allí los arroyos son pequeños y es escaso el caudal. Al expandirse e impermeabilizar el
suelo, las ciudades reducen aún más la capacidad de almacenamiento y, por ende, de
abastecimiento a partir de estas cuencas.
La situación es especialmente crítica en las localidades ubicadas a lo largo de la Ruta Nacional 14
—como Cerro Azul, Leandro N. Alem, Oberá, Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, San
Vicente, San Pedro y Bernardo de Irigoyen—, las cuales presentan un escenario hidrológico muy
desfavorable.
En estos municipios, implementar infraestructura para la captación y almacenamiento de agua de
lluvia es una estrategia indispensable para afrontar los períodos de escasez.
Usted suele señalar que la gestión del agua es transversal a todos los sectores. En ese marco, ¿qué rol le compete al Estado y cuál a los ciudadanos?
E. G.: Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de utilizar el agua con el mayor cuidado
posible. Sin embargo, el Estado es quien debe velar por el recurso y regular el acceso a él. Misiones
no puede continuar en pleno siglo XXI sin una autoridad hídrica que regule los usos del suelo y del
agua, promueva técnicas con respaldo científico y prevenga conflictos.
En ese sentido, resulta muy llamativa la deuda del Gobierno provincial. Hace más de cuatro años se
sancionó la Ley XVI – N.º 150 (de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas), una norma pensada
para descentralizar la gestión a nivel de cuencas locales. A pesar de haberse realizado instancias
técnicas con alta participación ciudadana, el Poder Ejecutivo aún no ha promulgado su
reglamentación —cuyo plazo vencía un año después de su sanción—. Llevamos más de tres años de
demora para poner en marcha una herramienta que ordenaría la gestión del agua.
Por último, desde la Red de Agua para el Desarrollo Rural seguimos reclamando soluciones para el
sector rural, que representa entre el 20% y el 25% de la población provincial. Es un déficit grave:
gran parte de esta población aún no cuenta con acceso formal al agua potable, un derecho humano
universal, básico e indispensable.
