Al cumplirse 30 años del plebiscito cuyo resultado fue el NO a la construcción de la represa Corpus en el río Paraná, la Asociación Civil Orembaé presentó ante el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables un pedido de acceso a la información pública ambiental para “conocer qué gestiones realizó el Poder Ejecutivo Provincial, desde la sanción de la ley XI – 5 (unas semanas despues del plebiscito) hasta la fecha, para hacer valer y respetar la decisión mayoritaria del pueblo Misiones expresada en aquella votación”, explicó el abogado Martín Ferroni.
La Asociación Orembaé sostiene, en un comunicado, que “la defensa de nuestros bienes hídricos sigue siendo una prioridad absoluta“, y en ese marco, pondera: “Aquella expresión de voluntad ciudadana fue blindada jurídicamente mediante la Ley XI-5 (anteriormente Ley 3294), la cual ratifica la decisión popular y obliga a todos los poderes del Estado Provincial a actuar en estricta sujeción a dicho mandato“.
Entre otra cosas, la Ley XI-5, en su Artículo 4, establece que “el Poder Ejecutivo deberá efectuar todas las gestiones que fueran menester para obtener, por parte del gobierno de la Nación el cumplimiento a esta decisión mayoritaria de la ciudadanía misionera“.
La Ley XI-5, advierte la organización ambiental, “no constituye una recomendación, sino un mandato constitucional que debe ser respetado por el Poder Ejecutivo. Es deber de las autoridades provinciales realizar todas las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para asegurar el cumplimiento de esta decisión mayoritaria“.
Específicamente, el pedido de información abarca:
Gestiones Institucionales: Toda la documentación que acredite las actuaciones realizadas por el Poder Ejecutivo ante la Nación para dar cumplimiento al mandato de la Ley XI-5, desde su sanción hasta la fecha.
Proyecto Pindo-I: Acceso integral a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y ambiental, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y registros de participación ciudadana vinculados al denominado “Proyecto de Aprovechamiento Multipropósito Corpus Christi (Emplazamiento PindoI)”.
Como organización, indican desde Orembaé, “entendemos que el derecho a solicitar y recibir información sobre la gestión del ambiente y los bienes naturales no requiere invocar un interés especial, siendo una herramienta fundamental para la participación ciudadana. A tres décadas del histórico plebiscito, la sociedad misionera tiene el derecho de conocer, mediante documentación oficial, cómo se están defendiendo los intereses que el pueblo mismo protegió en las urnas en 1996″.
