Comunicado de la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní ( REGCHAG)
Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG – expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos, ocurrida en la provincia de Misiones, Argentina, en el marco de una causa por “supuesta usurpación” sobre un territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Este hecho se inscribe en el conflicto territorial que la comunidad sostiene frente al avance de la Empresa forestal Arauco sobre territorios ancestrales. De acuerdo con la información disponible, el procedimiento incluyó el ingreso de fuerzas policiales al territorio comunitario, la detención de Santiago Ramos y de otros integrantes de la comunidad, así como el traslado de mujeres, niños y niñas a una dependencia policial, en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas.
La situación se agrava ante la falta de acceso a la defensa y a las actuaciones judiciales, lo que configura un escenario de extrema vulnerabilidad. Estos hechos no pueden analizarse de manera aislada, ya que se producen pocos días después de que la comunidad expusiera su situación ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, denunciando el avance sobre su territorio, la falta de consulta previa y la afectación de derechos fundamentales.
La respuesta estatal, lejos de garantizar protección, se traduce en acciones que refuerzan la criminalización de la defensa territorial indígena, evidenciando un grave patrón de persecución y criminalización. Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata.
En este contexto, exigimos la inmediata liberación de Santiago Ramos y de todas las personas detenidas, el cese de cualquier medida de desalojo o intervención coercitiva en el territorio comunitario y el respeto irrestricto de los derechos territoriales, culturales y humanos del Pueblo Mbya Guaraní, garantizando el acceso a la defensa, la información y el debido proceso.
La defensa del territorio es un derecho. Criminalizar a quienes lo habitan, lo cuidan y lo defienden constituye una grave vulneración de derechos humanos y un retroceso inadmisible en materia de garantías fundamentales.
Nota: Santiago Ramos fue detenido el lunes 5 de mayo en Garuhapé, en el marco de una causa por “usurpación” impulsada sobre tierras relevadas dentro de la Ley 26.160, normativa que reconocía la ocupación ancestral de comunidades indígenas. El operativo incluyó el traslado de integrantes de la comunidad a la comisaría local. Organizaciones sociales vinculadas al trabajo con pueblos originarios denunciaron que también fueron llevadas mujeres, niños y otros miembros de la comunidad, en medio de un fuerte despliegue policial. Según denunciaron el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) y otras organizaciones, hubo separación de grupos familiares, retención de teléfonos celulares y toma de datos personales a mujeres y niños.
