La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA / CAJE) presentó el 2° Informe de Regresiones Ambientales bajo el Gobierno de Javier Milei (julio 2025 – agosto 2026), un documento que evidencia el retroceso en normas, controles y capacidades estatales de protección ambiental durante el último año.
Según el informe, la regresión socioambiental implica el deterioro de las instituciones, los presupuestos y los mecanismos de participación previamente conquistados. «No se trata solo de dejar de avanzar, sino de retroceder en derechos e institucionalidad construidos durante décadas», advierten.
Principales ejes del informe
El análisis abarca el impacto de la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto «Súper RIGI», además del silencio administrativo positivo y el negacionismo climático institucionalizado. Entre los retrocesos más críticos se destacan:
- Desregulación de recursos clave: La modificación de la Ley de Glaciares —que sustituyó el piso de protección científica común por decisiones provinciales discrecionales en áreas que abastecen el 40 % de las cuencas hídricas—, junto con la expansión minera (cobre, litio, uranio y tierras raras) y la frontera fósil.
- Presión sobre ecosistemas y servicios públicos: Desmontes, incendios, privatización de ríos y represas, extranjerización de tierras y la creciente demanda hídrica y energética de los centros de datos para inteligencia artificial.
- Soberanía y participación: La concesión de la Vía Navegable Troncal del río Paraná sin el debido cumplimiento del federalismo de concertación ni mecanismos de democracia ambiental.
Impacto del RIGI y desfinanciamiento estatal
Desde la implementación del RIGI se han aprobado 16 proyectos; el 90 % corresponde a actividades extractivas o infraestructura asociada. El régimen garantiza beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años, supeditando los conflictos estatales a tribunales internacionales.
En paralelo, el informe detalla los efectos del ajuste presupuestario:
- Manejo del fuego: Entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron más de 60.800 hectáreas en Chubut. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se redujo un 53,6 % respecto a 2025, obligando a los brigadistas a operar con indumentaria sin renovar desde 2022.
- Monitoreo meteorológico: El presupuesto ejecutado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cayó un 43 %, sumado a la pérdida de más de 290 trabajadores (entre despidos y bajas). Esto provocó el cese de observaciones nocturnas en varias estaciones, generando «puntos ciegos» en plena crisis climática.
«El Estado no desaparece: abandona sus funciones de cuidado y control, pero fortalece su capacidad para garantizar los negocios de los sectores concentrados. La desregulación no produce libertad, sino territorios más disponibles para las corporaciones y comunidades más expuestas al daño». — Maristella Svampa, coautora del informe.
Degradación democrática y perspectiva de cambio
La reorganización política y económica descrita excede el plano estrictamente ambiental y compromete la estructura productiva, el federalismo y el acceso a la justicia. Para contener las resistencias sociales, el informe señala el uso de herramientas de disciplinamiento como el protocolo antiprotesta, la Unidad de Seguridad Productiva, la ampliación de facultades de vigilancia y la criminalización comunitaria.
El documento concluye con un llamado a la acción: «La regresión socioambiental no es inevitable; es el resultado de decisiones políticas concretas. Enfrentarla exige más democracia, mayor control público, resguardo del agua y una política que priorice la vida y los derechos colectivos por sobre la rentabilidad corporativa».
