La yerba mate es el producto socioeconómico más amigable para el ambiente en Misiones. Con más de 100 años de cultivo sistemático, este árbol de la Selva Paranaense es fuente de ingresos de más de 12 mil productores, 15 mil tareferos, 228 secaderos, 49 cooperativas y 105 industrias, la mayoría en Misiones. Su presente es angustiante. Tras la desregulación del mercado y la quita de muchas de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate, establecida por el presidente de la Nación, Javier Milei, cayó abruptamente el precio de la materia prima y los agricultores, cosecheros y emprendedores atraviesan una profunda crisis; incluso hay quienes optaron por vender sus chacras. El escenario se complica aún más con las últimas noticias: el impulso de disolución del INYM y la posibilidad de que la especie Ilex dumosa sea considerada yerba mate, lo que generaría mayor disponibilidad de materia prima, impactando de lleno en los productores que hoy se dedican a la Ilex paraguariensis y empuj.
La actualidad del sector yerbatero fue socializada el jueves pasado, 21 de mayo, por los propios protagonistas convocados por la Comisión de Economías y Economías Regionales en la Cámara de Diputados de la Nación. Sus testimonios son una clara muestra del daño que provoca la desregulación del mercado en esta actividad, central para cada uno de los municipios de Misiones, no solo porque “cuando anda bien” se dinamiza la economía local, sino también porque su existencia es sinónimo de agricultura familiar y de producción sustentable, de regeneración del monte y del agua.
“Fue una emboscada”
“El DNU 70/23 (del presidente Javier Milei, que desreguló la actividad yerbatera) fue una emboscada para nosotros”. Con esta frase, el dirigente agrario Luis Andruczyszyn ilustró el alcance de la medida nacional en el sector productivo de Misiones, el jueves 21 de mayo, en la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a otros referentes y funcionarios.
Andruczyszyn recordó que a dos semanas de conocerse el DNU 70/23, “el precio de la hoja verde cayó un 70%”, y en ese marco consideró que la medida “fue una emboscada”. Señaló que la situación es más grave aún si se tiene en cuenta que “antes se pagaba al contado. Ahora los productores no saben qué hacer”, dijo. Como contracara, indicó que mientras los consumidores “pagan de contado” la yerba en los comercios, impactando positivamente en los industriales, “a los productores les liquidan la materia prima en 30, 60, 90 o hasta 120 días”.
En la misma línea, Ángel Ozeñuk, productor de San Vicente, detalló las diferencias de precios antes del decreto 70/23 y la actualidad: “En abril de 2023 la hoja verde valía 400 pesos puesta en secadero y el gasoil costaba 190 pesos. Hoy el productor necesita 11,5 kilos de yerba para comprar un litro de gasoil. Antes necesitaba dos”.
Medida inconstitucional
Enfático, Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), hizo notar que un DNU solo se aplica en circunstancias excepcionales, es decir: debe estar justificado por una emergencia real, y “esa no era la situación de la yerba mate en el año 2023”. Por eso, planteó: “¿Dónde están los estudios que hicieron (en el Gobierno, que sustentan el DNU) para arrojar a la miseria a los productores?”. Pidió la declaración de inconstitucionalidad del Decreto y la creación de un mercado consignatario.
Impacto en toda Misiones
El presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, Edgardo Hein, coincidió en que “hoy el precio de la materia prima que perciben los productores es irrisorio. (…) Están cobrando mucho menos de lo que le cuesta al productor”. Defendió la vigencia del INYM con todas sus facultades. “No es solo fijar precios. Es generar mecanismos para equilibrar la oferta y la demanda y proteger el tejido social”. Y advirtió que la desregulación yerbatera afecta a toda Misiones: “Es muy importante identificar desde el lugar donde uno habla y qué intereses defiende. Yo me paro en este lugar defendiendo a los pequeños y medianos productores, y a las cooperativas de mi provincia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos parte de ese sector y porque ese sector hace la construcción del tejido social de Misiones. No hay pueblo donde no haya cultivo de yerba mate. Cuando defendemos al pequeño y mediano productor, a las cooperativas, estamos defendiendo nuestro tejido social”, sostuvo luego.
El productor y presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripzuk, sostuvo que “con el INYM funcionando con todas sus facultades, se dinamizó la economía regional durante dos décadas y se posicionó la yerba como el mejor alimento”. Desde que asumió Milei, lamentó, “el mercado quedó abierto a la libre negociación sin pisos de valores para la materia prima y la actividad viene acumulando índices negativos, con graves daños sociales”.
Denis Bochert, de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, sostuvo que los secaderos y molinos están entrando en proceso de quiebra. Pidió crear un estampillado digital para bajar costos y eximir del pago de la corresponsabilidad gremial a los pequeños productores que no utilizan tareferos para levantar la cosecha.
Familia agraria invisibilizada
Dos mujeres productoras, Susana Cuadra y Luisa Fleitas, hicieron notar que las familias están invisibilizadas en las medidas económicas nacionales y se preguntaron si los funcionarios, señalando al actual presidente del INYM, conocen el territorio. “Al lado de cada productor hay una mujer que nadie contó y un hijo que tampoco contaron”, expresó Cuadra. “¿Será que caminaron en el rozado? ¿Será que caminaron en la tierra colorada?”, preguntó a continuación. “Es fácil hablar de cambio desde un escritorio. Me gustaría que hagan camino de territorio”, expresó, por su parte, Fleitas.
Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), no dudó en afirmar que “a partir del minuto cero de este DNU desregularon nuestras vidas. La vida de la mayoría de las familias misioneras. Están destruyendo esta producción. Trajeron la destrucción con este DNU. Hace casi tres años venimos mendigando. Necesitamos que nos devuelvan el INYM”.
“Mercado más salvaje y concentrado”
Manfredo Seifert, representante de las cooperativas yerbateras, recordó que en la década de los 90 la economía yerbatera pasó por un proceso desregulatorio similar al actual y terminó “en la peor crisis de la historia de la actividad”. Agregó que en esa oportunidad el argumento fue el mismo que se utilizó a fines de 2023, que los mercados iban a corregir y acomodar los precios. “La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino uno más salvaje y concentrado”, expresó.
Radiografía de la actividad
El diputado provincial del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, dijo que la desregulación provocó una caída del 66% del valor de la hoja verde y que actualmente los productores primarios se quedan con el 4% del valor de un paquete de yerba puesto en góndola. “El costo (de la desregulación) lo pagaron los productores y los tareferos”, aseguró.
Presentó una radiografía del sector productivo yerbatero, detallando: que el 62% de los productores tienen diez o menos hectáreas de yerba y producen el 26% del total de la hoja verde; un 28% de yerbateros tienen extensiones de entre 10 y 30 hectáreas con una participación del 26% del total de la materia prima, y un 8% de agricultores tienen entre 30 y 100 hectáreas y comercializan el 20% del total de la hoja verde; mientras que los grandes productores son el 2% del total y aportan el 28% restante.
La industria no quiere desregulación
Los representantes de las más grandes industrias yerbateras, ubicadas en Corrientes, defendieron las medidas que impulsa el Gobierno de la Nación, e incluso uno de ellos propuso eliminar el INYM.
El CEO de Playadito, la yerbatera que más vende en el país, Gustavo Quatrín, reconoció que los productores atraviesan una situación crítica, pero se mostró contrario a que el Instituto resuelva la situación: “Compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento. Pero dicho esto, entendemos que la solución está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”.
Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, aseguró: “El decreto 70/23 no produjo el problema que hay hoy; lo produjo simplemente la oferta y la demanda. Son ciclos. El riesgo que corre todo productor es el que corre cualquier profesión; no podemos estar pidiendo a ‘papá Estado’ que nos empareje la cancha poniendo restricciones cuando nos va mal”.
Instó al cuerpo legislativo a avanzar de forma definitiva en la liquidación de la estructura del instituto, solicitando el tratamiento del Proyecto de Ley 3161-D, presentado por la diputada (M.C.) Sofía Brambilla.
Pregunta que espera respuesta
Sobre las críticas al funcionamiento del INYM que realizó Joaquín Comas, el productor Andruczyszyn observó: “Se dijo que el INYM era un antro. Yo pregunto qué industriales se fundieron entre el 2001 y el 2023, cuando el INYM funcionaba con todas sus facultades. Al contrario. Nadie se fundió. Se beneficiaron con calidad, estadísticas, ferias, promoción”.
