Se trata de una herramienta clave, que contiene información y acciones para mitigar y adaptarnos ante eventos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor y frío, con impacto social, ambiental y económico, que ya están ocurriendo en nuestros territorios. La licenciada Camila Mercure, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, profundiza sobre la situación y los riesgos de seguir postergando decisiones.
El 10 de noviembre se realizó en Belém, Brasil, la 30º Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Durante dos semanas, representantes de más de 180 países debatieron estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar financiamiento para la adaptación y avanzar hacia una transición energética justa. En ese escenario, la posición de la Argentina quedó en evidencia debido a una falta de políticas públicas sostenidas a nivel nacional.
Normativa clave, pero con aplicación limitada
Argentina cuenta desde el año 2019 con la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, una norma que estableció un marco integral para ordenar la política climática nacional, en línea con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales del país.
La ley establece que cada provincia debe elaborar un Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático (PRCC), inventarios de emisiones y medidas de mitigación y adaptación, para reducir emisiones como así también para adaptarse ante catástrofes, para dar respuestas a los eventos climáticos inesperado. Sin embargo, la licenciada en Ciencias Ambientales y responsable del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Camila Mercure, explicó que “hasta el momento, a más de cinco años de su sanción, solo tres provincias, Jujuy, La Pampa y Misiones, lograron la convalidación nacional de sus planes”. Otras once se encuentran en proceso de revisión, mientras que el resto aún no los presentó formalmente.
Consultada sobre cómo enfrentar la problemática en escenarios cada vez más adversos, la especialista, en diálogo con Radio UNNE, señaló que el primer paso es identificar qué sucede en las provincias que más emisiones generan. “Después, otro de los ejes que me parece importante reforzar tiene que ver con las políticas de adaptación. Cuando observamos eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor y de frío, aparece un punto clave: muchas veces el foco está puesto en la mitigación del cambio climático, es decir, en la reducción de emisiones, pero poco se habla de cómo adaptarnos a estos fenómenos que ya están ocurriendo en nuestros territorios”, explicó.
En ese sentido, Mercure advirtió que la Argentina es altamente vulnerable, especialmente frente a las inundaciones, y subrayó que “los territorios menos preparados, que no se diagnostican ante los riesgos, son los que más sufren”.
“Es allí donde ese plan de acción climática en las provincias cobra una gran relevancia. Aquí es clave preguntarse: ¿Cómo vamos a hacer para adaptarnos?; ¿Qué medidas políticas vamos a tomar para tratar que las catástrofes nos peguen de la menor medida posible a nuestros territorios, comunidad y sistemas productivos?”, aseveró.
La discusión climática suele centrarse en la reducción de emisiones, pero Mercure subraya la importancia de la adaptación. “Muchas veces el foco está puesto en la mitigación, pero poco se habla de cómo adaptarnos a los eventos climáticos extremos. Sequías, inundaciones, olas de calor y frío afectan ya están ocurriendo con mayor intensidad”, afirmó.
Asimismo, agregó que el cambio climático no se mide de un año a otro, sino a lo largo de décadas. “Cuando hablamos de cambio climático hablamos de una modificación de variables como temperatura y precipitaciones a lo largo del tiempo, en registros de entre 10 y 30 años”, dijo.
Aumento de temperaturas e inundaciones
En Argentina, los impactos ya son visibles. “Estamos experimentando eventos climáticos cada vez más extremos, severos y frecuentes. Según datos del Banco Mundial, las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales en el país, lo que expone una alta vulnerabilidad estructural”, advirtió Mercure.
Los efectos son variados demográficamente en el territorio nacional. “En el norte se espera un aumento de la temperatura muy superior al promedio nacional con lluvias intensas e inundaciones. Sin embargo, en el sur, la principal amenaza es el retroceso de los glaciares y el aumento del nivel del mar”, señaló.
Un desafío urgente y federal
El informe de FARN también advierte sobre la escasa ejecución presupuestaria de la Ley 27.520. Desde su incorporación al presupuesto nacional en 2021, los montos ejecutados han sido mínimos y, en algunos años, nulos. En un contexto de debilitamiento institucional y retrocesos en políticas ambientales, la especialista remarca la urgencia de revertir esta tendencia.
“La falta de medidas de prevención y gestión luego repercute en pérdidas económicas, materiales y emocionales. Un plan de trabajo es fundamental, considerando que los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes“, concluyó.
Fuente: Unne Medios. Entrevista en Radio UNNE, 16 de diciembre de 2025.
