De prosperar esa posibilidad, “se menoscaban los derechos de los agricultores de guardar las semillas, y se abren las puertas al patentamiento de variedades”, aseguró Ricardo Garzia, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas Limitada. “Esto abre la posibilidad a las empresas de ir más a fondo con la monopolización de las semillas, y de que el productor no pueda hacer reproducción dentro de su propia chacra. Monopolizar las semillas es monopolizar el alimento”, advirtió Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones.

El artículo 241 de la ley ómnibus que impulsa el Gobierno nacional, actualmente en debate en el Congreso, propone que la Argentina adhiera a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales, acta 1991, más conocido como UPOV 91.

“Esa adhesión menoscaba los derechos de los agricultores de guardar las semillas y abre las puertas al patentamiento de variedades”, dijo Ricardo Garzia (*), secretario de la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (FECOFE). “Los argentinos ya tenemos un proceso de judicialización por invocar estas normas en contratos en el país, o sea que la cuestión está judicializada y claramente (la adhesión a la UPOV 91) sería una persecución a los agricultores porque se eliminaría el derecho al uso propio de semillas de cualquier planta, de cualquier vegetal, hasta de yerba mate”, enfatizó.

“Esto abre la posibilidad a las empresas de ir más a fondo con la monopolización de las semillas, y de que el productor no pueda hacer reproducción dentro de su propia chacra, es decir: si yo le compro una semilla a Bayer, o Monsanto u otra empresa líder, no puedo volver a reproducir esa semilla”, señaló por su parte Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones. “Monopolizar las semillas es monopolizar los alimentos”, advirtió. “Va en contra de todo concepto de soberanía alimentaria, política, económica, va en contra de la soberanía del mismo uso de los materiales genéticos”.

“Es un gran riesgo, un enorme peligro”, continuó Garzia. “Hablamos de las semillas de todas las producciones, de maíz, poroto, zapallo, arroz, de todos los alimentos”, describió. La suscripción a la UPOV 91 “supone que los derechos de quienes obtuvieron alguna variedad se trasladen a los productos, es decir que podrían ir a buscar un gen, o alguna variedad o modificación, al maíz o al poroto que ya está en estado de producto, con lo cual el nivel de perdida de soberanía alimentaria con este punto es muy grande”, enfatizó.

Salvador Torres se anticipó además a otra posible consecuencia: “Todos estos productos transgénicos terminan contaminando las semillas locales. Ese es el daño más importante que se le puede hacer a un campesino, a un productor familiar: que su semilla criolla sea cruzada con algunas de las semillas de estas transnacionales, y que por esa razón esa transnacional le reclamen por el contenido de la genética en sus semillas. De esa forma, el productor estaría cayendo en el delito de reproducir una semilla donde está incorporada la genética de las empresas. Esto puede ocurrir en cultivos que tienen polinización cruzada, como el maíz”.

Desde el punto de vista nutricional y ambiental, reflexionó Garzia, “hay una implicancia directa sobre todo de los derechos ancestrales de los productores de poder guardar sus semillas”. Para comprender mejor, explicó que “la cuestión nutricional está relacionada con la variabilidad genética y la variabilidad genética está relacionada con la cuestión ambiental. Cuánta más variabilidad genética y más genes haya disponible para entre cruzar, guardar, cambiar de ambiente en las siembras, más protegidos vamos a estar para las cuestiones alimentarias, las cuestiones de la soberanía y también para las cuestiones de la salud.  Con la adhesión a UPOV 91 corremos el riesgo de achicar el espectro genético de todas las plantas que producen los alimentos”.

¿Qué hacer frente a esta situación? “Misiones tiene un patrimonio de semillas único, importantísimo, con muchísimas variedades de muy buena calidad, producción y alimentación que hoy están en manos de los productores, que año a años las van reproduciendo, intercambiando y conservando esta riqueza”, recordó Salvador Torres. “Pero esa resistencia se ve cada vez más asediada por el tipo de semillas que imponen las grandes empresas. Y ante esto es necesario una política pública que garantice la permanencia en el tiempo de todo el patrimonio genético semillero de los misioneros, una política que contemple financiamiento y medidas concretas para fortalecer y multiplicar a las semillas criollas, que son origen, fuente de nuestra alimentación”, destacó.

“Esto es un problema internacional”, contextualizó Garzia. “Hay que tratar de no promover ningún tipo de legislación que imponga restricciones al uso propio de semillas, que ponga restricciones o intente hacer valer derecho de propiedad en los productos, porque si no estaremos ante situaciones como, por ejemplo: si detectan en un puré de papas disecado un gen, pueden venir a decir que parte de ese puré que compre se lo estoy debiendo al obtentor de la semilla de papa”, concluyó.

Misiones, 26 de enero de 2024.

Fotos: Facebook de Ernesto Krauczuk / INYM.