La reciente reforma de la Ley XVI – Nº 105 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en Misiones “es inconstitucional”. Así lo advirtió el abogado, docente de la Universidad Nacional de Misiones y militante político y social José Luis “Cachorro” Fuentes.
Los cambios fueron aprobados por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y promulgados el jueves pasado por el Ejecutivo provincial. La Ley Nacional 26.331 establece tres categorías de conservación de los bosques nativos: roja, de muy alto valor de conservación; amarilla, de mediano valor de conservación; y verde, de bajo valor de conservación. La reforma provincial habilita nuevas actividades productivas en las zonas amarillas y verdes, entre ellas la actividad silvopastoril, que permite introducir ganado dentro del bosque nativo, el cultivo de yerba mate bajo sombra y el enriquecimiento forestal con especies nativas maderables.
Por qué “es inconstitucional”
Fuentes enumeró al menos tres argumentos que invalidan jurídicamente esta flexibilización. “Se vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que expresa que todos los habitantes tienen el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado”, señaló. “El equilibrio del bosque se rompe con esta modificación porque, al habilitar la actividad silvopastoril e ingresar el ganado al monte, se genera un detrimento del sotobosque y el suelo, que constituyen parte fundamental del ecosistema”, explicó.
En esa misma línea, remarcó una segunda falta normativa: “El artículo 41 establece que la Nación debe dictar las normas de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y las provincias deben complementarlas. La Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos define en su artículo 2 que el bosque no es solo un conjunto de árboles maduros, sino un ecosistema asociado a la fauna, el agua, el suelo, la atmósfera, el subsuelo y el sotobosque que lo integra. Todo eso genera relaciones bióticas que constituyen el bosque. La ley da esa definición justamente para frenar este tipo de acciones que pretenden reducir el bosque a simples árboles”.
Por lo tanto, continuó el letrado, “la modificación aprobada en Misiones rompe el equilibrio y vulnera una norma de Presupuestos Mínimos que concibe al bosque como un ecosistema integral”.
“Otra violación evidente es a la Ley General del Ambiente 25.675 (artículo 4), que establece el principio de progresividad en el derecho ambiental. No se puede ir hacia atrás en materia de protección. En este caso se retrocede porque se reduce el nivel de resguardo”, manifestó, recordando que el principio de no regresión también está reconocido por el Acuerdo Internacional de Escazú.
Finalmente, advirtió sobre la falta de participación ciudadana durante el tratamiento y la sanción de la reforma. “La Ley 26.331 y la legislación ambiental establecen mecanismos de participación pública que deben respetarse en las decisiones que afectan a los bosques nativos. En este caso no existió una instancia de participación ciudadana durante el procedimiento legislativo, lo que constituye otro motivo para cuestionar la legalidad de la reforma”, aseguró.
Fuentes también cuestionó el mecanismo de silencio administrativo positivo incorporado por la nueva normativa. “Es particularmente grave que, transcurridos 60 días hábiles sin respuesta de la autoridad de aplicación, determinadas solicitudes puedan considerarse aprobadas. Estamos hablando de intervenciones sobre el bosque nativo, donde debe prevalecer el control ambiental preventivo. La falta de respuesta del Estado no puede convertirse en una autorización automática para actividades que podrían ocasionar daños ambientales”, sostuvo.
Preocupación en organizaciones ambientales
Las observaciones de Fuentes coinciden con las expresadas por la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Asociación Civil Orembaé, entidades que señalaron que cualquier ajuste normativo debe reforzar la conservación y contar obligatoriamente con consulta ciudadana previa. Por su parte, el ambientalista y fotógrafo de naturaleza Sergio Moya calificó la medida en redes sociales como “un retroceso enorme en las políticas de conservación de Misiones”.
La principal preocupación radica en el impacto directo de la ganadería sobre el monte. El ramoneo y el consumo de vegetación dificultan la regeneración natural, afectando a la fauna y a los microhábitats. Cuando la carga animal es excesiva, se degrada el estrato herbáceo y arbustivo, mermando la resiliencia del ecosistema. A ello se suma el pisoteo del ganado, que compacta el suelo, reduce la infiltración de agua y acelera la erosión.
¿A quién beneficia el cambio?
Fuentes fue enfático al señalar las motivaciones políticas detrás de la reforma: “Hay un contexto que no se puede ignorar: este proyecto fue impulsado por el diputado Miguel Núñez, vinculado políticamente al empresario Guillermo Gruber, al punto de que en la Ruta Provincial 17 pueden verse carteles con los nombres de ambos”.
El abogado indicó que “Gruber es uno de los grandes terratenientes de Misiones y posee miles de hectáreas en el Corredor Verde de la provincia, por lo que sería uno de los principales beneficiados por esta modificación. Además, existen señalamientos de especialistas sobre la presunta implementación de sistemas silvopastoriles dentro del bosque nativo, sin que esté acreditada la correspondiente autorización. Es una situación que debería ser investigada por el Ministerio de Ecología para determinar si existieron irregularidades”.
Peligroso precedente
Fuentes invitó a una mirada integral y a reflexionar sobre el impacto de la modificación de la norma a futuro: “Esta reforma también abre un interrogante sobre el futuro de las grandes extensiones de bosque nativo que hoy pertenecen a empresas forestales que poseen miles de hectáreas en Misiones y cuentan con certificaciones internacionales de manejo forestal responsable. Si mañana decidieran abandonar su certificación FSC e incorporar ganado a sus superficies de bosque nativo clasificadas en las categorías amarilla o verde, la nueva legislación le permitiría solicitar autorización para desarrollar sistemas silvopastoriles. Lo que antes estaba restringido ahora encuentra una vía de habilitación, siempre que se cumplan los requisitos legales. Estamos hablando de miles de hectáreas de selva que podrían quedar expuestas a una transformación productiva de enorme magnitud”.
Además, continuó, “hay que tener en cuenta que es de público conocimiento que empresas como Arauco están evaluando la venta de activos en Argentina, entre los cuales podrían incluirse tierras y bosques. ¿Qué ocurriría si esas propiedades fueran adquiridas por otra empresa que decidiera abandonar las políticas de conservación y avanzar con la introducción de ganado? Aunque continuarían vigentes las obligaciones ambientales legales, la flexibilización aprobada permitiría solicitar autorizaciones para actividades que anteriormente estaban restringidas. La protección del Bosque Atlántico no puede depender de la voluntad de sus propietarios ni de certificaciones privadas que pueden modificarse o abandonarse”.
Misiones y el riesgo de perder credibilidad
Para el catedrático, se plantea también una contradicción con la proyección estratégica de Misiones: “La provincia viene impulsando su programa de bonos o créditos de carbono, conocido como ECO2, basado en el mecanismo REDD+, que busca generar recursos económicos mediante la reducción de la deforestación y la degradación del bosque nativo. Incluso se han certificado millones de créditos de carbono por la conservación de la selva. Sin embargo, al mismo tiempo se habilitan actividades productivas que podrían deteriorar el sotobosque, compactar el suelo, afectar la regeneración natural y reducir la capacidad de almacenamiento de carbono. Esto podría comprometer a futuro la generación de nuevos créditos y los ingresos económicos asociados a la conservación”.
A esa contradicción, agregó fuentes, se suma el escenario comercial internacional. “El acuerdo Mercosur-Unión Europea incorpora compromisos ambientales y de lucha contra la deforestación, mientras que la normativa europea exige que determinadas cadenas productivas, como la carne bovina y la madera, acrediten que no están asociadas a procesos de deforestación. Una política que permita deteriorar el bosque nativo podría entrar en tensión con estas exigencias y complicar una proyección estratégica de desarrollo para Misiones, basada en la conservación de su principal patrimonio ambiental”, dijo.
Para el abogado y estudioso de la temática, resulta alarmante que la mayoría de los legisladores hayan acompañado esta iniciativa, “imponiendo el criterio productivista por encima de la conservación”.
“Es un error estratégico: la preservación del Bosque Atlántico es el activo más valioso de Misiones y lo que nos distingue a nivel internacional”, manifestó. “Lo que deberían impulsar los legisladores provinciales y nacionales de todos los partidos políticos, especialmente quienes integran los espacios de gobierno, es el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional 26.331 y el financiamiento del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, opinó. “Hoy Misiones tiene asignado apenas el 3,6 % de los recursos que le corresponderían si se cumpliera plenamente con el financiamiento establecido por la ley. Particularmente, la diputada nacional Maura Gruber debería reclamar ante el Gobierno nacional que se garanticen esos fondos para nuestra provincia. Esa es la verdadera discusión estratégica: conseguir los recursos necesarios para conservar y restaurar nuestros bosques, en lugar de flexibilizar la legislación ambiental que garantiza su preservación”, concluyó.
