La  Argentina fue el único país que votó en la Asamblea General de la ONU en contra de la resolución A/C.3/79/L.21/Rev.1 sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El texto sobre derechos de pueblos originarios salió adelante con 168 votos a favor y siete abstenciones (Bulgaria, Eslovenia, Francia, Lituania, Malí, Laos y Rumanía). La resolución decide ampliar el mandato del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para los pueblos indígenas a fin de ayudar a los representantes de las organizaciones y comunidades a participar en reuniones relacionadas con la protección del patrimonio cultural y natural.

El texto rechazado en la asamblea por el representante argentino en la ONU, Fabian Oddone, encomienda además «preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas» y reafirma que las comunidades originarias «tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud».

Las delegaciones, en términos generales, destacaron el impacto desproporcionado del cambio climático en los pueblos indígenas debido a su dependencia directa de los ecosistemas, mientras que Argentina se opuso a algunos términos por considerarlos «ambiguos y amplios», señalando que el proyecto no garantiza suficientemente los derechos universales de los pueblos indígenas sin discriminación y que las «prácticas ancestrales pueden llevar a la validación de prácticas que contradicen los derechos de las mujeres y las niñas, a la salud y el progreso científico».