Posadas, 8 de abril de 2025. Por Mónica Gómez, periodista. Uno de los aspectos más llamativos en las manifestaciones de los productores yerbateros es la diferencia en el motivo de sus reclamos. Los términos que utilizan en sus consignas revelan una contradicción que refleja la diversidad de sus argumentos y expectativas.

El adjetivo “justo” significa “que obra según justicia y razón”, con sinónimos como “imparcial” y “equitativo”. En cambio, “digno” se refiere a “merecedor de algo”, con sinónimos como “merecedor” y “meritorio”.

Entonces, surge la pregunta: ¿qué es lo que realmente pide el productor yerbatero y a quién se lo exige?

Un reclamo que se intensifica

Desde la desregulación del sector yerbatero impulsada por el gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/23, que eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar un precio mínimo de referencia, las protestas de los productores se han multiplicado en la provincia de Misiones.

El negocio yerbatero ha funcionado históricamente dentro de un mercado regulado, primero con la CRYM -La Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), organismo que se creó en 1935 para controlar la producción de yerba mate en Misiones, eliminada en los 90- , y luego con el INYM. La sola presencia de un ente regulador otorga garantías a las 13.000 familias misioneras, en su mayoría con pequeñas plantaciones de menos de 15 hectáreas. Estos productores, atomizados y vulnerables, se enfrentan a unas pocas industrias yerbateras, que concentran la capacidad de compra de la materia prima, dominan la industrialización y controlan la comercialización del producto final.  Incluso dos de las principales empresas del sector son de origen correntino. Con la virtual desaparición del INYM como regulador, estas industrias concentradas ahora imponen unilateralmente los precios, fijando valores a su conveniencia, sin atender el reclamo por un precio justo, y mucho menos digno. En este nuevo escenario, los pequeños yerbateros han quedado a merced de un mercado –en apariencia libre- en donde los industriales hacen y deshacen a su antojo.

Es por ello que a lo largo de más de un año, los yerbateros han agotado todas las instancias de diálogo con el gobierno nacional para solicitar la restitución del INYM. Con el acompañamiento de la provincia de Misiones han llevado su reclamo a la Casa Rosada, al Congreso de la Nación, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, e incluso han realizado un “yerbatazo” en el Obelisco. A pesar de estos esfuerzos, la respuesta ha sido la misma: el gobierno nacional no reintroducirá la regulación.

Con esta negativa, los yerbateros redirigieron su reclamo al gobierno provincial, que en varias oportunidades se ha manifestado a favor de restituir las facultades del INYM. Aun así  decidieron hacer visible su lucha con acampes en las rutas misioneras. Fue en este punto donde la falta de unidad dentro del sector se hizo evidente.

Un movimiento fragmentado

Los referentes de las distintas zonas no lograron acordar un precio unificado para la cosecha, lo que debilitó el reclamo. Inicialmente, la estrategia consistió en bloquear el transporte de hoja verde y yerba mate canchada hacia los secaderos. Sin embargo, los productores del norte de la provincia decidieron trasladar las protestas a los puestos de pago de la Agencia Tributaria de Misiones, desviando la presión hacia el gobierno provincial.

Sin consenso sobre un precio concreto, el único monto que circuló como referencia fue el estimado por el INYM: $358 por kilo, un valor que solo cubre los costos de producción sin garantizar rentabilidad. Este cálculo fue publicado sin el aval del sector industrial, que también tiene representación en el directorio del INYM.

Mientras tanto, en la localidad de Andresito, los productores dieron inicio a la cosecha con la promesa de un empresario yerbatero de pagar un valor inicial de $310 por kilo, con aumentos progresivos hasta alcanzar los $350.

El rol de la industria y la negociación

Con el paso del tiempo, los industriales también comenzaron a participar en la discusión, y el gobierno provincial intervino como mediador a través del Ministerio del Agro. El ministro Facundo López Sartori ha liderado reuniones de conciliación que en ocasiones se han extendido por más de cinco horas.

En estas instancias, el reclamo de los productores ha girado en torno a la necesidad de un “precio justo”. Este concepto contrasta con la demanda de “precio digno” que encabezó el “tractorazo” de 2001, cuando tras una década de lucha se logró la creación del INYM mediante la Ley N.º 25.564.

Para Hugo Sand, dirigente yerbatero e icono del tractorazo de 2001, hoy presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), “el precio justo es aquel que contempla la sustentabilidad del sector”. Este concepto se basa en la legislación vigente, que establece un precio promedio. Sin embargo, el debate no puede quedar en la definición teórica: el número concreto debe reflejar una rentabilidad real para los productores.

Según los últimos cálculos, el valor que permitiría garantizar la sostenibilidad del sector ronda los $470 por kilo. Esta cifra surge del costo de producción calculado por el INYM, sumado a un 30% de margen de utilidad para el productor.

Aun así para Sand el precio Digno es un concepto superior y pone el foco en la necesidad de la familia agraria y el cuidado ambiental.

“Para el MAM ( Movimiento Agrario de Misiones) y APAM el precio que requerimos es de $600 por kilo de hoja verde”, y sostiene “cuando hablamos de dignidad tenemos que hablar de muchos aspectos como la salud, el bienestar, el confort. Reconocer el valor del trabajo que requiere producir yerba mate y ponerle un precio que otorgue calidad de vida”, y concluye:  “Dignificar nuestro trabajo”.

Un conflicto sin resolución inmediata

A medida que las negociaciones continúan, la división dentro del sector yerbatero sigue siendo un obstáculo para lograr una solución consensuada. Mientras algunos buscan un “precio justo” que garantice la equidad entre los actores de la cadena productiva, otros exigen un “precio digno” que asegure la supervivencia de los productores más pequeños.

La incertidumbre persiste, los números que se barajan no llegan a solventar ni el valor del costo de la productividad y la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿en un mercado desregulado, cuál es el  precio que satisfaga a todos los eslabones de la cadena yerbatera, el justo o el digno?